Derecho administrativo y… ¿Dragon Ball?

Hoy, 20 de noviembre de 2025, se conmemora el 41o. aniversario de la publicación del primer capítulo del manga de Dragon Ball, franquicia vastamente conocida tanto en oriente como en occidente. Desde aquel entonces, y a través de múltiples medios, Dragon Ball se ha mantenido vigente en distintas culturas, trascendiendo las épocas con cada una de sus distintas producciones animadas, videojuegos, figuras coleccionables y demás, siendo una obra referente en todas partes del mundo.

A inicios de 2023, para una de las clases cursadas durante mi tiempo en la maestría de Derecho Administrativo y de la Regulación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el estimado y apreciado profesor José Ignacio Hernández pidió realizar un ensayo sobre derecho administrativo, dejando a nuestra “soberana creatividad” el tema a tratar. De mi parte, traté de buscar un tópico que mezclara dos de mis grandes pasiones: el derecho administrativo y Dragon Ball. Es así que, desde las herramientas que esta rama jurídica nos otorga, realicé un análisis sobre cómo la extinción de la raza guerrera de los Saiyajines –raza del universo de Dragon Ball– tuvo lugar como consecuencia de la falta de derecho administrativo.

Nunca había disfrutado tanto realizando un trabajo como aquel ensayo, el cual fue bien calificado por el profesor Hernández –quien no era fanático de Dragon Ball, por lo que su valoración fue totalmente objetiva–. Hace ya unos meses, conversando con el maestro José Ignacio sobre distintos temas, le hice mención de aquella “pieza jurídico-artística” presentada para su materia, a lo cual, de forma insistente, me dijo “¡publícala!”, mandato al que, como fanático acérrimo de la franquicia de Dragon Ball y apasionado del derecho, no me podía resistir. Por ello, y a propósito del aniversario que hoy celebra este universo animado, me permito publicar aquel trabajo académico, titulado “La extinción de la raza Saiyajín como consecuencia de la falta de derecho administrativo”.

Para empezar, es menester responder la siguiente pregunta: ¿qué es el derecho administrativo? Para CASSAGNE, “es la rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la actuación del Estado en sus relaciones jurídicas con los particulares”. En otros términos, el derecho administrativo es la materia de la ciencia del derecho encargada de reducir los costos de transacción de una sociedad política por medio de sus instituciones o las reglas creadas para la gestión concreta del bien común.

Lo precisado ut supra permite afirmar que el derecho administrativo funciona como garantía de bienestar para los ciudadanos a través del funcionamiento efectivo de la Administración Pública. Dicha Administración, que acciona desde el Estado, debe velar no solamente por la correcta administración de los bienes públicos, sino también por el libre y correcto desarrollo de los derechos fundamentales de las personas. A su vez, la Administración Pública, desde su “rol de policía”, goza de la atribución de ejercer múltiples actuaciones con el fin de regular conductas de los individuos dentro de distintos sectores sociales. Ahora bien, vale la pena aclarar que este Estado no es omnipotente, pues el propio ordenamiento jurídico presenta limitaciones en su contra para así evitar las actuaciones de un poder desmesurado.

De cara a lo hasta acá desarrollado, cabe cuestionarse lo siguiente: ¿pudiera existir una sociedad ajena al derecho administrativo? De ser así, ¿cuáles serían los resultados o el destino de esta sociedad carente de regulaciones? Las respuestas a estas interrogantes las podemos encontrar en múltiples escenarios, mas, para un servidor, un buen ejemplo lo hallamos en la raza Saiyajín y en su fatídico exterminio.

Como es sabido por quienes seguimos esta franquicia, los Saiyajines eran una raza alienígena dominante frente a otros planetas, infundiendo el pánico en todo el universo y acabando con todo lo que se interpusiera en su paso. Sin embargo, en sus primeros años, la raza Saiyajín carecía de un elemento neurálgico para su subsistencia como sociedad: un verdadero Estado. Si bien es cierto que sus atributos físicos los convirtieron en una especie perfecta para la supervivencia, no menos cierto es que esta falta de organización estatal hizo que la misma viviera como si de animales salvajes esparcidos por la naturaleza se tratase, llegando incluso a destruir su propio planeta.

Lo previamente desarrollado, contrastado con nuestra realidad, se traduce en una clara destrucción desmesurada de los bienes finitos. En 1968, el filósofo HARDIN expuso la reconocida obra titulada “La tragedia de los comunes”, mediante la cual desarrolló cómo la libertad de las personas sobre los recursos finitos comunes puede llevar a una sobrexplotación de estos, derivando en su inevitable agotamiento y destrucción. Más aún, tomando en cuenta el crecimiento exponencial de las sociedades, estos bienes cubren menos necesidades, concluyendo en la imperante necesidad de administrar los mismos para evitar su extinción.

Por lo anterior, y a su vez, con el objetivo de sumar tecnologías a su raza que pudiera mejorar el estilo de vida de la misma, así como también para arribar a una mejor organización como sociedad, los Saiyajines toman la decisión de “anexarse” al imperio del emperador Freezer, un ser despiadado con el mayor dominio en todo el universo. Ahora bien, ¿qué sucede en una sociedad sin regulación de ningún tipo sobre quien tenga en sus manos el poder y control de la misma? Si bien la raza Saiyajín obtuvo un avance social abismal, esta fue víctima del yugo de las pretensiones y caprichos de Freezer, quien, producto a su inmenso poder, contaba con los medios necesarios para aniquilarlos en caso de que estos se convirtieran en una amenaza para sus objetivos.

Llegados a este punto, es menester precisar que, como bien afirmó SPACAROTEL, “el ‘Estado de Derecho’ proclamado por la Revolución Francesa significaba que las reglas de gobierno y el respeto a los derechos de las personas, eran de obligatorio cumplimiento tanto para gobernados como gobernantes”. Esta afirmación se sustenta en la imperante necesidad de regular las actuaciones del poder con miras a garantizar la protección del bien común y de priorizar a los particulares como entes fundamentales para el desarrollo de la sociedad.

Ya lo dijo ACTON, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por ello, resulta necesario establecer parámetros y/o garantías que regulen el ejercicio del poder, siendo el derecho administrativo la herramienta óptima para lo propio. Estas afirmaciones guardan estrecha relación con el pensar del profesor MONTERO: “esta rama del derecho se ha constituido, además, en un instrumento para el control del ejercicio del poder político. Sin el avance del Derecho Administrativo, la aplicación de la Constitución Política o del Derecho Constitucional es poco probable”.

En un mundo con institucionalidad, las actuaciones del emperador Freezer podrían haberse limitado. De hecho, con la existencia de un genuino derecho administrativo, ni siquiera existiría la figura del “emperador”, figura que evoca la manifestación de la concentración del poder en una única persona, lo cual es sumamente peligroso. Para GUZMÁN NAPURÍ, el derecho administrativo tiene su origen en la separación de los poderes del Estado propuesta por MONTESQUIEU, pues esto conlleva a que existan otros organismos espectadores de las actuaciones de quien manda para que, en caso de accionar contrario a lo previsto, puedan ejercer mecanismos de control que frenen las actuaciones del poder.

Es bajo esta noción de regular las actuaciones de la autoridad donde nacen los llamados “check and balances” o “frenos y contrapesos” que, en palabras de GONZÁLEZ POGO, no son más que instrumentos a través de los cuales una función estatal –sea judicial o legislativa– detenta una potestad que le permite fiscalizar las actuaciones de otra rama, con el fin de impedir que alguna de ellas se imponga sobre las demás o incurra en un ejercicio arbitrario o despótico de sus competencias. A esto se suma el pensar de TORRES ÁVILA, quien sostiene que estos mecanismos de control son una respuesta a “la necesidad de evitar que el poder público se concentre de manera tal que pueda someter y subordinar al pueblo a sus dictámenes”.

Sin embargo, para poder regular las actuaciones del poder, deben existir leyes que puedan delimitar las atribuciones de este e instituciones que sirvan de garantes del eficiente cumplimiento de dichas leyes. ESTEVE PARDO precisa que “la ley se configura a partir de entonces como un límite preciso a la actuación de la Administración y como una de las piezas fundamentales para la construcción del Derecho administrativo”. A su vez, se requiere un régimen de consecuencia por las actuaciones malsanas ejercidas por la Administración, toda vez que, sin sanciones por violaciones administrativas, no hay garantía alguna de que las acciones groseras efectuadas por el poder no vuelvan a ser repetidas.

Volviendo al universo de Dragon Ball, es evidente que nos encontramos ante un escenario en donde los supuestos previamente desarrollados brillaron por su ausencia. Y es que el claro reflejo de la falta de “controles y frenos” se manifiesta en la erradicación de la raza Saiyajín ejercida por el emperador Freezer, quien, por miedo a enfrentarse a una sublevación orquestada por los Saiyajines, este, como “máxima autoridad”, indomable y exorbitante, no encontró más remedio que acabar con su preocupación de raíz, exterminando así –en principio– a toda la raza. Esto resulta ser una muestra de la amenaza que representa la concentración del poder en una sola entidad, con atribuciones excesivas y desbordadas, sin instituciones ni leyes que controlen su accionar, traduciéndose esto en un ejemplo de lo que es una mala administración y arrojando como resultado un Estado, a todas luces, fallido.

Lo cierto es que, al margen de tratarse de un universo ficticio, es un hecho que el destino de la raza Saiyajín pudiera ser el reflejo de múltiples casos de nuestra realidad, en donde la inexistencia –o la ineficacia– del derecho administrativo deriva en apremios en detrimento de la sociedad. No somos ajenos a la falta de institucionalidad o incluso a los llamados “Estados fallidos”, en donde la carencia del derecho administrativo ha generado pérdidas de distintos tipos. Casos como el haitiano o el venezolano, por resaltar ejemplos de la región, así como también los conflictos armados en oriente, son una muestra de las consecuencias a las que pudiera arribar una sociedad carente de un verdadero ordenamiento administrativo que imponga limitadores al poder.

En definitiva, la historia del exterminio de los Saiyajines nos recuerda –aunque provenga de un universo fantástico– la importancia vital del derecho administrativo como arquitectura de límites, controles y racionalidad frente al poder. Allí donde la regulación se ausenta, donde la institucionalidad se debilita o donde el control del poder se vuelve ilusorio, florecen los mismos riesgos que llevaron a la ruina al orgulloso pueblo guerrero: la arbitrariedad, el abuso y, finalmente, la destrucción de aquello que debía protegerse. Que este ejercicio, nacido del cruce entre la ficción y el orden jurídico, sirva como recordatorio de que la fortaleza de una sociedad no descansa únicamente en la fuerza de sus individuos –por más “Super Saiyajines” que pretendan ser–, sino también en la robustez de sus instituciones, en la vigencia de la ley y en la convicción colectiva de que el poder, siempre, debe estar subordinado al derecho.