SANTO DOMINGO.- Las acciones legales contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, han aumentado a 123, luego de que la jueza Fátima Veloz impusiera medidas de coerción en su contra.
Inicialmente se habían presentado 108 querellas y denuncias, pero el número creció tras la incorporación de nuevas víctimas al proceso. Las medidas dispuestas por la magistrada incluyen una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno de los hermanos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
El caso, calificado como homicidio involuntario y lesiones, está relacionado con los trágicos hechos ocurridos en el local nocturno, que dejaron un saldo de 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.
El Ministerio Público tiene ahora un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal, bajo la jurisdicción del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Entre los querellantes figuran familiares de las víctimas mortales y personas afectadas por las presuntas deficiencias en los protocolos de seguridad del establecimiento. Algunos abogados de los demandantes han solicitado una investigación más rigurosa, alegando que los empresarios mostraron una actitud negligente frente a los estándares mínimos requeridos para la operación de eventos masivos.
Por su parte, la defensa de los hermanos Espaillat ha asegurado que sus representados están colaborando con las autoridades y mantienen confianza en que podrán demostrar su inocencia a lo largo del proceso judicial.
