A propósito de lo acontecido el pasado 19 de octubre, donde el presidente de la República, Luis Abinader, sorprendió al país al retirar del Congreso Nacional el proyecto de modernización fiscal, esto nos llama hacernos las siguientes preguntas: ¿la reforma fiscal era necesaria porque el estado necesita saciar su sed de aumentar las recaudaciones para solventar sus gastos? ¿O efectivamente viene a revolucionar el sistema tributario del país brindando solución a los problemas que hoy día enfrenta la Administración Tributaria? Lo cierto es que, esta decisión ha generado un intenso debate sobre la necesidad y el enfoque de una reforma fiscal integral. La retirada del proyecto no solo pone en pausa los planes de ajuste tributario, sino que también invita a una reflexión sobre los componentes esenciales que deben conformar una reforma fiscal efectiva y equitativa.
Una propuesta de reforma fiscal debe ser el resultado de un proceso cuidadosamente elaborado, en el que convergen principios de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Para lograr un balance adecuado, es esencial que los componentes clave de la reforma estén orientados tanto a generar ingresos suficientes para el Estado como a fomentar el crecimiento económico sin perjudicar a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Uno de los elementos centrales en cualquier reforma fiscal efectiva es la progresividad. En términos generales, esto significa que quienes tienen mayor capacidad económica deben contribuir en mayor proporción. En la República Dominicana, las reformas fiscales de las últimas décadas han enfrentado críticas precisamente por su falta de progresividad, pero el proyecto de modernización fiscal representaba una gran amenaza de este principio, con una tendencia a incrementar los impuestos indirectos, como el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), lo que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos. El reconocido economista José Luis Alemán argumenta que la equidad tributaria debe ser un pilar en cualquier reforma fiscal, subrayando que la carga impositiva debería recaer en aquellos con mayores ingresos y no en el consumo generalizado de la población.
Por otro lado, la eficiencia es igualmente importante. Una reforma fiscal no debe obstaculizar la actividad económica, sino promover un entorno donde el sector privado pueda crecer y generar empleos. En este sentido, las reformas deben simplificar el sistema tributario, reducir la evasión fiscal y promover la formalización de las empresas. En el contexto latinoamericano, el caso de Uruguay ofrece un ejemplo interesante: la reforma fiscal de 2007 introdujo un impuesto dual sobre la renta personal, lo que permitió gravar tanto los ingresos laborales como los de capital de forma diferenciada, logrando un sistema más eficiente y menos susceptible a la evasión. Este modelo ha sido citado como un referente en varios informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Otro aspecto fundamental de una reforma fiscal es la sostenibilidad. La experiencia internacional sugiere que las reformas fiscales exitosas son aquellas que no solo se enfocan en aumentar la recaudación en el corto plazo, sino que también establecen bases para el financiamiento a largo plazo de las políticas públicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en la importancia de vincular las reformas fiscales con la capacidad del Estado para enfrentar desafíos a largo plazo, como el envejecimiento de la población y el cambio climático. En la República Dominicana, la ausencia de reformas estructurales que atiendan estos temas ha generado brechas fiscales.
Para que una reforma fiscal sea percibida como legítima y justa, es crucial que el proceso sea transparente y participativo. Diversos estudios, incluyendo los realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), subrayan la necesidad de que las reformas sean discutidas abiertamente con la sociedad civil, el sector privado y los actores políticos. La falta de consenso ha sido uno de los problemas recurrentes en la historia de las reformas fiscales en la República Dominicana y como se observa en el pasado proyecto sometido por el estado en las pasadas semanas, donde los ajustes han sido percibidos como medidas impuestas, sin un diálogo real con los sectores afectados.
En comparación con otros países latinoamericanos, la República Dominicana se enfrenta a un reto adicional: su estructura fiscal sigue siendo altamente dependiente de los impuestos indirectos. Reformas en países como Chile y Colombia han demostrado que la transición hacia un sistema fiscal más equilibrado, que combine impuestos directos progresivos con una moderada imposición indirecta, es posible siempre que existan condiciones políticas y sociales favorables. Sin embargo, esta transformación requiere una voluntad política clara y una estrategia de comunicación eficaz para evitar la resistencia de sectores influyentes.
Desde una perspectiva doctrinal, autores como César Pina Toribio y Ricardo Rojas León, han subrayado que cualquier reforma fiscal en el contexto dominicano debe estar anclada en los principios constitucionales de equidad y justicia tributaria. Asimismo, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han insistido en la necesidad de que las reformas fiscales dominicanas aborden no solo la recaudación, sino también el gasto público, para asegurar una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos. Este enfoque es particularmente relevante cuando se considera que uno de los grandes problemas históricos del país ha sido la baja calidad del gasto público, lo que genera una percepción de desconfianza en la población sobre el uso de sus contribuciones.
Finalmente, es importante destacar que las reformas fiscales no deben ser vistas como eventos aislados, sino como parte de un proceso continuo de ajuste y adaptación a las condiciones cambiantes de la economía y la sociedad. Las reformas que se implementan sin una visión de largo plazo corren el riesgo de ser revertidas o modificadas en períodos de crisis política o económica. En este sentido, una reforma fiscal efectiva debe ser diseñada de tal manera que pueda resistir las fluctuaciones del ciclo económico y mantener su legitimidad a lo largo del tiempo.
Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Máster en Procedimiento Civil de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Posee especialidades en dirección de administraciones tributarias y aduanera y Hacienda Pública.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo del derecho tributario, enfocado en la planificación fiscal corporativa, determinación de obligaciones y auditorías, así como, en operaciones de reorganización empresarial, tales como las fusiones, escisiones y adquisiciones de entidades comerciales.
