Luego del anuncio del proyecto de “modernización fiscal” del gobierno y de que la sociedad en su conjunto se opusiera a la reforma propuesta, el Presidente de la República sacó de su sombrero “la vieja confiable” y, escuchando el clamor del pueblo, decidió retirar la reforma, en principio se entendería que para ajustarla, porque la necesidad de aumentar las recaudaciones sigue latente, pero luego se aseguró que no se presentará una nueva reforma fiscal sino que se harán los ajustes presupuestarios necesarios.
Entonces se puede, o al menos eso parece, iniciar los cambios sin que la opción sea la cíclica subida de los impuestos, que en nuestras circunstancias no es más que una espiral interminable, pues se sigue aumentando el gasto del Estado, se aumentan la deuda y sus intereses, no se combate la evasión y se aumentan los impuestos para cubrir, temporalmente, el déficit.
Como sociedad hemos crecido, orgánicamente nos unimos, con éxito en este caso, ante las situaciones que verdaderamente impactan a la ciudadanía, esto ha ocurrido con la “modernización fiscal” que sin el rechazo ciudadano habría sido aprobada sin más por el Congreso. Para muestra un botón, múltiples sectores rechazan aspectos de la reforma constitucional (que ya se firmará en los próximos días), pero la ciudadanía no se identificó con estos, ya sea por no sentirse afectada por los cambios o porque no respondía a una necesidad social.
De la reforma que se proponía el gobierno lo único positivo era el nombre “modernización fiscal”, realmente necesitamos transformar la forma en que se recaudan los impuestos, combatir activamente la evasión, la informalidad y ajustar múltiples distorsiones que, hace tiempo, expertos tributarios, economistas y profesionales del área han identificado en el sistema.
Ya vimos que el Estado está dispuesto a pellizcar en muchos rubros, lo que no vimos o al menos no nos convenció, fue en donde se iba a invertir eso que pagaremos de más, esto así porque con lo que pagamos hoy nuestros servicios públicos son precarios e ineficientes, nadie es feliz de pagar más impuestos, pero es aún peor cuando eso que pagamos sólo se ve en el gasto del Estado, en publicidad y propaganda, en fin, en aspectos que no hacen mejor la vida de los dominicanos.
Queda claro que, en un Estado en el cual el partido de gobierno cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso, este último no será el espacio de consenso, si como ha dicho el propio presidente, sus reformas y cambios serán consensuadas, entonces el espacio debe ser previo y lo suficientemente reflexivo para evitar los cacerolazos instantáneos y el repudio social.
Los sectores productivos, organizaciones ciudadanas y partidos políticos, ya han expresado parte de sus puntos y pilares de cara a la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, el retiro del proyecto no debe quedarse en nada como si volviéramos a la posición anterior, es la oportunidad de buscar el verdadero consenso y acercarnos a una transformación ideal del sistema impositivo, el diálogo real debe iniciar ahora.
Esto debe ir de la mano de una reducción del gasto público, de hacer efectivas las transformaciones y la reorganización del Estado que fueron anunciadas, eliminando instituciones inoperantes que sólo aumentan la nómina pública, de que se planteen, de forma clara, los cambios en materia de educación, salud, seguridad ciudadana, transporte, sector energético, manejo de recursos naturales, agricultura, turismo, deporte, etc. En fin, que los ciudadanos sepamos, con certeza, lo que el gobierno pretende hacer con nuestros tributos.
Licenciado en Derecho, mención magna cum laude, por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España).
Magíster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-RSTA).
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por la Cátedra URJC-KPMG (Madrid, España).
Especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España).
Docente de Práctica Forense Penal en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de Procedimiento Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Actualmente Director de Litigio Penal y Derecho Público en Oficina Delgado.
