SANTO DOMINGO.- La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto a los concilios y organizaciones que la conforman, expresó su firme rechazo a la propuesta de modernización fiscal que, según dicen, pretende gravar con impuestos a las iglesias evangélicas.
«Esta reforma no solo desconoce el papel fundamental que las iglesias juegan en el tejido social y comunitario del país, sino que además, mina una labor esencial que va mucho más allá de la religión: el acompañamiento social y la acción formativa», dice la Mesa en un comunicado.
De su lado, el obispo Reynaldo Franco Aquino presidente de la entidad, recordó que las iglesias evangélicas en la República Dominicana han sido históricamente el mayor socio del Estado en el ámbito formativo y social, haciendo posible una labor que alcanza niveles extraordinarios de inversión. Se estima que las iglesias gestionan más de 4 mil millones de pesos en ayuda internacional, destinados a programas de salud, educación, orientación familiar y apoyo a comunidades vulnerables.
Además indicó que el esfuerzo de las iglesias, incluye la atención integral a miles de niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de jóvenes en riesgo, el fortalecimiento de los matrimonios y el soporte emocional y físico a los envejecientes. A su vez, mantienen un amplio despliegue de trabajo social comunitario, con más de 500 colegios evangélicos al servicio de la comunidad, brindando educación accesible y de calidad a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
«La propuesta actual no solo elimina exenciones, sino que además obliga a las iglesias evangélicas a pagar impuestos como el impuesto al valor agregado (IVA o ITBIS) y el impuesto patrimonio inmobiliario (IPI), imponiendo gravámenes desde los 5 millones de pesos, así como impuestos sobre el dinero depositado en bancos, sin importar si estos fondos provienen de donaciones para construcciones de templo o apoyo de programas sociales que benefician a nuestras comunidades más vulnerables. Este es un ataque directo a los ahorros y recursos destinados a la labor social y espiritual que realizamos, los cuales están comprometidos con la transformación de la sociedad», expresa el obispo.
Sostuvo que las implicaciones de gravar a las iglesias evangélicas con impuestos son devastadoras y que el único amparo que han tenido es el de la Ley 122-05, que regula la ONG y que establece las exenciones para las organizaciones sin fines de lucro, ayudando a las iglesias a realizar su trabajo con autonomía y eficiencia y apoyando a las comunidades más vulnerables. Entiendo que quitando estas exenciones afectaría directamente su capacidad para continuar la misión de transformación social, debilitando no solo su impacto en el país, sino también su estructura organizativa y financiera.
Argumentó que el ataque fiscal a las iglesias evangélicas pone de manifiesto la urgencia de establecer un marco legal sólido que garantice la libertad religiosa y proteja el trabajo que las organizaciones religiosas desempeñan en la sociedad.
«Rechazamos tajantemente la pretensión de gravar impuestos a las iglesias evangélicas, y hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar esta propuesta, recordando que las iglesias no son solo instituciones religiosas, sino actores clave en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con esperanza», afirmó la Mesa.
