SANTO DOMINGO.- La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y Pedro Vinicio Padovani Báez, imputados en la operación Camaleón.
La medida establece, además, que los encartados deberán cumplirla en la cárcel Najayo, San Cristóbal.
De igual manera, impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Asimismo, garantía económica de dos millones de pesos contra Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
También le fue impuesta garantía económica a Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero.
Jochi Gómez y Beras son los principales involucrados en actos ilícitos en un contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo, rubricado entre la empresa Transcore Latam y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La acusación
La acusación es por presunto desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, comercio ilícito, sabotaje y lavado de activos.
Hugo Beras, la única vez que se ha expresado sobre el tema, consideró que con el plan de semaforización también falló la Contraloría General de la República y otros organismos de controles.
El Ministerio Público explica en el expediente, que Jochi fue uno de los mayores beneficiarios económicos del presunto esquema corrupto con Transcore Latam S.R.L. utilizada para desviar fondos del Intrant.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que en la medida en que avancen las investigaciones, podrían surgir otras imputaciones e incluso otros acusados en el caso.
Camaleón fue puesta en marcha a través de allanamientos en residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Supuestamente fueron ocupadas cientos de evidencias que confirman la imputación. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la operación como “una de las más exitosas contra el crimen organizado”.
