El gobierno del Presidente Abinader ha lanzado una propuesta que podría cambiar mucho más que el tamaño de las oficinas estatales. La nueva serie de reformas, que busca reducir el tamaño del Estado, se está viendo como una especie de “dieta” para el gobierno. La idea es fusionar y eliminar varias instituciones públicas para ahorrar recursos y mejorar la eficiencia. Pero, como en todas las dietas, el éxito depende de los detalles, y sobre todo en seguir la dieta.
Los recursos ahorrados, que se estiman en más de 25 mil millones de pesos, se reinvertirán en áreas críticas como salud, seguridad y educación. Pero aquí está el truco: la verdadera prueba será cómo se implementen estas reformas. Aquí es donde se pone interesante. Las reformas no siempre se traducen en ahorros reales. Recuerdan la fusión del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) en 2021. En lugar de recortar gastos, se terminó con un gasto en nómina 68% mayor. ¿Por qué? Porque fusionar entidades sin una verdadera reestructuración puede resultar en más gastos, no en menos.
¿Por qué esta vez debería ser diferente? A diferencia de reformas anteriores, que a menudo se implementaron sin una planificación estratégica adecuada, el gobierno actual ha anunciado una planificación detallada y un enfoque claro. La intención es fusionar solo aquellas entidades cuyos roles y funciones se superpongan y realizar una reestructuración profunda para eliminar redundancias. Los ahorros no solo se buscarán reducir costos, sino que también se destinarán a áreas críticas como salud, seguridad y educación. Esto ofrece una oportunidad para evaluar el impacto directo de las reformas en la calidad de los servicios públicos y su efectividad en la vida diaria de los ciudadanos.
En reformas anteriores, el aumento en la inversión en salud no siempre se tradujo en una mejora real en la calidad del servicio. A menudo, el dinero no se asignaba de manera efectiva, y se producían problemas de gestión y corrupción. Esta vez, se planea una asignación más precisa y eficiente. Los fondos se utilizarán para mejorar la infraestructura hospitalaria, aumentar la capacidad de atención primaria, y fortalecer los programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Se implementarán auditorías regulares y un sistema de seguimiento para asegurar que el dinero llegue a donde más se necesita y produzca resultados tangibles.
Las inversiones en seguridad en el pasado a menudo se enfocaron en la compra de equipos y la expansión de fuerzas policiales sin una evaluación adecuada de las necesidades o de la efectividad de las medidas tomadas. Los fondos se destinarán a modernizar la tecnología y a capacitar a los oficiales, con un enfoque en la prevención del delito y la mejora de la respuesta a emergencias. Se buscará una coordinación más efectiva entre las diferentes agencias de seguridad y se impulsará la participación comunitaria para reducir la criminalidad de manera sostenible.
Aunque se han asignado grandes sumas al sector educativo en el pasado, la distribución desigual de los recursos y la falta de seguimiento han limitado el impacto. Muchas veces, los fondos no llegaron a las escuelas necesitadas o se gastaron en proyectos no prioritarios. La reforma actual priorizará la inversión en infraestructura escolar y en programas de capacitación para maestros, especialmente en zonas desfavorecidas. También se establecerán mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que los recursos se utilicen eficientemente y se enfoquen en mejorar el aprendizaje y la equidad en el acceso a una educación de calidad.
Para que estas reformas sean efectivas, el Congreso desempeñará un papel fundamental en la revisión y aprobación de las modificaciones legislativas necesarias. La colaboración entre el ejecutivo y el legislativo será esencial para garantizar que las leyes reformadas realmente reflejen las necesidades actuales y contribuyan a una administración pública más eficiente y transparente.
Si estas reformas se manejan adecuadamente, y aprendemos de las lecciones pasadas, serán parte del legado del Presidente Abinader en la eficiencia del gobierno y la calidad de los servicios públicos.
Actualmente es Coordinador de la Secretaría General Legislativa del Senado de la República Dominicana.
Especializado en Finanzas Corporativas por la Universidad de Columbia y del Programa de Políticas Públicas del Harvard Kennedy School.
Cuenta con una trayectoria de más de cinco años de experiencia, trabajando en el área de relaciones gubernamentales y el mercado de valores.
Asesor de reconocidas empresas internacionales en la toma de decisiones comerciales estratégicas en la República Dominicana y cumplimiento regulatorio.
Egresado de la iniciativa Global Clinton para universitarios.
Miembro de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas y del Panel Asesor de Jóvenes del Fondo de Población para las Naciones.
