El presidente Luis Abinader, quien en unos días iniciará su segundo mandato presidencial anunció en “La Semanal con la Prensa”, ese espacio de conexión Presidente – Prensa que, contra pronóstico ha continuado luego del período electoral, la esperada propuesta de reforma constitucional, de la que ya se venía hablando desde inicios de su primer mandato presidencial.
La reforma se anuncia hasta con un eslogan “un blindaje a la democracia”, lo que va encaminado a comunicar y conectar, no obstante el hecho ineludible de que, para el ciudadano de a pie, la reforma constitucional no es una prioridad y difícilmente ocuparía la categoría de “necesidad”, contrario a esto la población identifica las reformas constitucionales, con sobradas razones, como mecanismos usados por los gobiernos para perpetuarse en el poder.
Tanto el borrador de anteproyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional, como el propio anuncio y presentación de la propuesta refieren a un gran giro en la forma de reformar nuestra ley de leyes, pues ratifica, sin espacio a dudas, que el actual presidente no estaría usando la reforma para continuar en el poder, ni retornar más adelante.
Agradezco, también por esta vía, la gentil invitación realizada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo junto a prominentes abogados de diversas ramas del derecho para presentar la propuesta de reforma, compartir el borrador de proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma y, lo más importante, observar y comentar la importante pieza.
El foro sirvió para aclarar dudas evidentes que surgen a la comunidad jurídica respecto a aspectos de forma y fondo, para aclarar el sentido político y jurídico de la pieza, plantear observaciones sobre detalles a tomar en cuenta y para que uno que otro invitado presente en sus comentarios reformas completamente distanciadas del objeto de la presente propuesta, la cual, sin lugar a dudas lleva el sello de “LA” (Luis Abinader) reforma constitucional.
El primer gran eje de la propuesta es impedir futuras modificaciones a las reglas constitucionales de elección, esto a través de la inclusión como cláusula pétrea, para que ninguna modificación a la constitución pueda versar sobre las reglas de elección presidencial, disponiendo la intangibilidad respecto a la elección cada cuatro años, por voto directo, con la posibilidad de un período constitucional consecutivo y nunca jamás. Esto generará debates respecto a la limitación al poder de reforma, sin embargo como sistema creo que es, con diferencia, el más acertado.
El tema con este aspecto se centra además en la necesidad o no de ratificar una reforma en ese aspecto mediante referendo aprobatorio, por tratarse de una modificación del procedimiento de reforma (conforme el artículo 272 de la Constitución), como revela la propuesta el criterio oficialista es que no se requiere pero la interpretación de este aspecto no luce muy clara.
Junto a este punto se plantea una nueva regla general para los ejercicios electivos, aplicando un principio que ya es parte de nuestro ordenamiento constitucional relativo a la imposibilidad de legislar en beneficio propio, al disponer que ningún funcionario de elección popular podrá beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando verse de las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo.
Por otro lado, la propuesta incluye una de las banderas más usadas por esta administración, la de la independencia del Ministerio Público, se propone consolidar esta independencia variando el mecanismo de elección del Procurador General de la República, actualmente es de libre elección y remoción por parte del Presidente y pasaría a ser propuesto por el Presidente y designado por el Consejo Nacional de la Magistratura mediante un mecanismo de ratificación, se le requeriría independencia política, tendría carácter de inamovilidad durante los cuatro años del período constitucional y se le excluirá del Consejo Nacional de la Magistratura. Podemos dudar de que la independencia se consiga con estas propuestas, porque a fin de cuentas la institucionalidad y el funcionamiento interno no depende de ellas, pero chapeau por la propuesta de exclusión del Consejo Nacional de la Magistratura.
De la mano de esta propuesta, surge la necesidad de un gran número de reformas legales para que dichas intenciones se materialicen de forma efectiva, como la representación del Estado, el sistema penitenciario, el Ministerio de Justicia y la separación de competencias en materia de política criminal, lo que nos plantea la incognita de si una reforma nos someterá a un proceso de transición sin fin, tomando en cuenta la cantidad de normas que exige la Constitución desde 2010 y que, 14 años después siguen en flagrante omisión legislativa.
También ocupa espacio en la propuesta un aspecto que no formaba parte de los comentarios que en los últimos años ha realizado el presidente sobre la reforma constitucional y es la reducción del número de diputados, se plantea que a partir del 2028 la Cámara de Diputados pase de 190 miembros a 137, como forma de fortalecer la eficiencia y la representatividad legislativa, propuesta que de seguro encontrará importantes trabas en la Asamblea Nacional pues atenta contra los puestos de los mismos legisladores.
La reducción del número de diputados parece encontrar respaldo en la comunidad jurídica, pero cuidado con las formas, ¿cómo se reducirán los diputados? ¿cómo se evitará que esto no afecte seriamente la representatividad? ¿cómo se evitará que no desproteja completamente a las minorías? ¿cuáles serán los umbrales de los diputados nacionales? Una serie de preguntas que deberán encontrar respuesta en el debate y que, como ya apuntan quienes manejan las lídes electorales, podría trabajarse sobre la base de circunscripciones electorales más grandes.
Por último, la unificación de las elecciones para que, a partir de las elecciones de 2032, todos los niveles se elijan el tercer domingo de mayo, respuesta al gran sin sentido y gasto que representa la división actual.
Licenciado en Derecho, mención magna cum laude, por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).
Magíster en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España).
Magíster en Derecho Constitucional y Procedimiento Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM-RSTA).
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo por la Cátedra URJC-KPMG (Madrid, España).
Especialista en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España).
Docente de Práctica Forense Penal en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y de Procedimiento Constitucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Actualmente Director de Litigio Penal y Derecho Público en Oficina Delgado.
