La democracia es un sistema político que da poder a las personas para decidir el curso de una nación, el cual se ejerce de forma directa o través de representantes electos mediante votaciones, en términos simple, se trata de un proceso donde el pueblo tiene la voluntad soberana de elegir a sus representantes a través del voto directo, esta dación de poder da la oportunidad de que un representante de la colectividad pueda disponer de sus oficios para propiciar políticas de desarrollo que permitan a los pueblos avanzar.
En términos históricos la democracia surge en la antigua Grecia, donde a través de asambleas se desarrollaron las primeras prácticas en torno a un sistema político, donde a los varones se les permitió ejercer el voto sobre leyes y políticas, es preciso indicar que en las sociedades antiguas no existía el concepto de democracia que hoy disfrutamos, pues se trataban de espacios donde se le permitió al pueblo tener un margen mínimo de participación en las tomas de decisiones.
De ahí que la República Dominicana hace sus primeros aprestos democráticos en el año 1844 luego de la independencia de Haití, con la instauración de un gobierno republicano que dio pasos para que, a través del voto, las personas pudieran tener la capacidad de decisión. La realidad es que a través de los años este asunto ha sido tortuoso, pasando por diversos procesos donde grandes potencias han lacerado la democracia en términos significativos, pudiendo resaltar el periodo de anexión a España, ocupación militar estadounidense y procesos de dictaduras o democracias simuladas.
Todos estos procesos tienen un denominador común, siempre resulta favorecido quien ostenta mayor capacidad económica, liderazgo e incidencia social, dando paso a que fenómenos aglutinados generen agrupaciones y hasta partidos políticos. De ahí que podemos decir que gozamos de la democracia donde la mayoría decide, pero la minoría se beneficia.
Una muestra clara de esto fue lo que vivió el país el pasado 19 de mayo, al acudir a un llamado de elecciones generales para la elección del presidente, vicepresidente, senadores y diputados, en esta ocasión dos poderes del Estado se disponían a buscar representación, siendo el poder ejecutivo de elección popular y sufragio directo un escenario sin mayores complicaciones, pues quien lograra alcanzar el 50% + 1 voto, se consolida como el ganador, sin embargo, las reglas del proceso electoral no son tan simples como obtener mayoría.
En el caso del poder legislativo, nuestro país se encuentra dividido en dos (2) cámaras, por lo que el título III de la Constitución Dominicana, plantea que la composición de la cámara alta está destinada para treinta y dos (32) senadores, en tanto que la denominada cámara baja posee un total de ciento setenta y ocho (178) diputados. Por lo que el proceso de selección de los senadores se da sobre la base del voto directo, secreto y universal, regla que en principio se les aplica a los diputados, ¡aquí la gran sorpresa!
La fórmula electoral del método de D’ Hondt.
Se trata de un sistema de cálculo matemático para distribuir los puestos en los órganos legislativos como parlamento o concejos municipales, en nuestro país, estafigura se aplica para la selección de diputados, regidores y vocales. Este método matemático de origen belga promueve una selección proporcional para que todos los sectores de la sociedad puedan tener una representación.
Ha quedado claro que la selección de un representan a ocupar un escaño NO es el resultado de la cantidad de votos obtenidos de manera directa, pues esto es un cálculo de mayor a menor, por agrupación política y comparando todas las casillas, por lo que se deja afuera la votación más baja en comparación con la agrupación política de mayor cantidad, después de aplicado el método D’ Hondt , el cual posee sustente legal en el artículo 4 de la ley 157-13 que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales.
Esta es la manifestación clara de una figura antidemocrática e inconstitucional, pues desde la misma se asignan escaños a los partidos políticos a razón de su cantidad de votos, lo que evidentemente desfavorece a las personas/candidatos que pertenecen a los partidos más pequeños, que sin importar la cantidad de votos directos obtenidos se ven a la merced de la cantidad de votos que su agrupación política haya obtenido. Lo injusto de este método es que desconoce que los partidos mayoritarios poseen una asignación presupuestaria que otorga el Estado a través de la Junta Central Electoral.
Evidentemente los candidatos a estas posiciones caminan por senderos espinosos, pues el partido que no ostentan representación en todas las demarcaciones del país y para el día de las elecciones no disponen de la “logística”, sin lugar a duda, compite en un escenario que tiende a ser desigual.
Estamos ante una ley que desconoce que la constitución dominicana en su artículo 22, da derecho a todo ciudadano a elegir y ser elegidos, en el marco de un derecho de igualdad como plantea el artículo 39 del mismo texto y peor aún, que las exigencias constitucionales para acceder a una posición legislativas según el propio artículo 82 de la carta sustantiva, son “ ser dominicana o dominicano en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, haber cumplido veinticinco años de edad, ser nativo de la demarcación territorial que lo elija o haber residido en ella por lo menos cinco años consecutivos”.
Es decir, la selección de un representante debe ser el resultado del voto directo, secreto y universal, siendo esta la manifestación clara de la voluntad popular. Es evidente que la sociedad dominicana ha evolucionado, pues hemos visto como las personas han votado más allá del color de un partido político, seleccionando un presidente de un partido, senador, diputado o alcalde de otro partido, lo cual propugna un balance en la representación democrática. Por lo que es un reto para las autoridades que se avoquen a encausar el sistema electoral, y evitar que la democracia quede al servicio de los grandes.
Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Maestría en Gobierno y Administración Pública con doble titulación por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad de Salamanca (USAL), España.
Abogado, litigante, ha sido docente en grado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA).
Exfiscal, donde ocupó la posición de Director del Departamento de Litigación y Director Técnico de la Fiscalía de Puerto Plata.
