Madrid (EFE).- El Tribunal Constitucional, en respuesta a la petición del Gobierno, ha resuelto suspender de forma unánime la iniciativa legislativa popular (ILP) admitida por el Parlament el 20 de febrero, la cual busca declarar la independencia de Cataluña.
Esta decisión implica la paralización inmediata del proceso legislativo en curso. A pesar de que todos los magistrados estuvieron de acuerdo en la admisión del recurso del Ejecutivo, se llevó a cabo un debate intenso en torno a los argumentos utilizados para justificar esta medida.
Según fuentes jurídicas, surgieron discrepancias en cuanto a las razones técnicas detrás de la admisión a trámite, ya que cada magistrado tenía distintas interpretaciones y motivos para respaldar su decisión.
A pesar de que generalmente los recursos del Ejecutivo suelen ser admitidos de manera casi automática, en este caso el debate se prolongó durante hora y media. Esto es notable, especialmente dada la amplia doctrina constitucional que existe respecto al proceso independentista catalán.
El Govern no ha expresado sorpresa ante la suspensión de la iniciativa legislativa popular.
El Gobierno catalán ha reaccionado ante la suspensión de la iniciativa legislativa popular por parte del Tribunal Constitucional con un tono de escasa sorpresa.
Patrícia Plaja, portavoz del Govern, ha criticado la actuación del Ejecutivo central, alegando que responde a intereses electorales previos a las elecciones catalanas del 12 de mayo.
Si bien ERC, que conforma en solitario el ejecutivo catalán, se abstuvo en la votación de la Mesa del Parlament que admitió a trámite la iniciativa, promovida por Solidaritat Catalana per la Independència, Plaja no mencionó este hecho en sus declaraciones. En cambio, enfatizó el compromiso del Govern con la vía de la negociación para alcanzar la independencia, una postura que ha sido reiterada en múltiples ocasiones.
“El posicionamiento del Govern sobre cómo avanzar hacia la independencia es claro: la vía de la negociación, una vez tras otra, para llegar al objetivo final”. expresó Plaja.
Se trata de un procedimiento poco común, con escasos precedentes, ya que no es un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, sino un recurso de impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley.
En este caso, el objeto es el acuerdo de la mesa del Parlament de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular.
El último precedente similar fue el plan Ibarretxe en el País Vasco, que fue objeto de recurso por parte del Gobierno de José María Aznar y rechazado por el Tribunal Constitucional, aunque en este caso no se ha llegado a esa instancia.
Cuando anunció el recurso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que la postura del Gobierno es “absolutamente coherente” y agregó que están en contra de cualquier iniciativa que considere divisiva y generadora de tensión social, como creen que sería el caso de esta ILP.
Esta iniciativa, promovida por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), fue admitida a trámite por la Mesa del Parlament con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC, a pesar del informe consultivo negativo de un letrado.
